Reformar la seguridad social

Urge construir un sistema de seguridad social que garantice el derecho a la salud de la población.

La población nacional vive, de manera mayoritaria, en una permanente condición de inseguridad social. En un reciente diálogo que tuvimos con Santiago Levy, Norma Samaniego y Enrique Provencio, coincidíamos en un tema central: la urgencia de poner al centro del debate nacional cómo construir un nuevo sistema de seguridad social que, además de garantizar el derecho a la salud, pueda recobrar el sentido de ser un instrumento de redistribución del ingreso.

En las estimaciones de Levy, para que México pueda transitar a un modelo de seguridad social de cobertura universal, sin estar vinculado a la situación laboral de las personas, se requeriría una inversión adicional de aproximadamente 1.5 por ciento del PIB, cifra que requiere de una reforma fiscal y hacendaria, para lo cual también se necesita –y en eso he insistido reiteradamente– un nuevo pacto político-social para redefinir prioridades de política pública.

En la mesa de diálogo coincidimos también en que, mientras la reforma fiscal y hacendaria puede llevarse a cabo, hay medidas administrativas que, sin costos adicionales sustantivos –y que pueden resolverse mediante reasignaciones presupuestales–, podrían darse pasos decisivos para la construcción de un sólo sistema nacional de seguridad social que garantice la misma calidad, estándares y coberturas médicas, pero también un sólo sistema de pensiones, que permita construir un modelo de igualdad y que no incremente las distorsiones y duplicidades, como está ocurriendo ahora.

Habría que avanzar incluso más: un sistema de seguridad social universal e integral también debería convertirse en el rector del cuidado y protección de la niñez, a partir de un potente sistema de guarderías que permita, también, cerrar brechas y niveles de desigualdad que no han podido superarse entre mujeres y hombres; facilitaría la incorporación de más mujeres a espacios de trabajo digno; pero, sobre todo, permitiría cumplir, en una de sus aristas, con el mandato constitucional de garantizar en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Una de las reflexiones que hiciera Norma Samaniego, y que debe ser tomada en consideración en todo lo que implica, es que de manera histórica, los servicios de salud en México han sido entendidos como “prestaciones”; pero esto va en contrasentido de lo que implicó la reforma de la década de los 80, relativo a elevar a derecho constitucional el derecho a la salud; y si éste se lee, por ejemplo a la luz de la Convención de los Derechos de la Niñez, pero también de la CEDAW, adquiere entonces una dimensión mayor. Una de las aristas, no discutidas en este diálogo, es que la reforma al sistema nacional de seguridad social implica  una reforma al pacto fiscal. Si lo que se pretende es construir un sistema auténticamente redistributivo de la riqueza, va a requerir de una nueva lógica de relación fiscal de los estados y los municipios con la Federación, sobre todo en lo que hace al gasto federalizado en salud, asistencia social, y algunos rubros de infraestructura social.

Los efectos económicos, pero sobre todo, sociales (cohesión social, visión compartida de país e incluso identidad nacional), serían de inmediato palpables y de gran magnitud: podríamos avanzar hacia la reducción sustantiva de esos gastos de bolsillo y catastróficos en salud; se incrementaría la productividad laboral, habría impactos relevantes en el rendimiento y trayectoria escolar de las niñas y niños y se podría avanzar hacia un país con mayores capacidades a la hora de enfrentar los severos retos de salud pública que hoy tenemos y que se cifran en las dramáticas estadísticas de mortalidad recurrente y en exceso evitable.

Un sistema de esta naturaleza implicaría sin embargo, un giro radical en la perspectiva y lógica de las políticas públicas que son centrales en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues implicaría revisar a profundidad el modelo de transferencias directas de ingresos, pues detrás de éste, además, se encuentra el supuesto de que el mercado distribuye de manera eficiente, bienes y servicios, y que estos están presentes siempre, con calidad y oportunidad, en todo el territorio nacional.

En síntesis, lo que está en el centro de esta discusión es cómo hacemos para construir un Estado de bienestar, que reduzca el déficit de estatalidad en que hoy nos encontramos y mediante el cual pueda darse cumplimiento pleno y progresivo al mandato constitucional en materia de derechos humanos. Es un debate impostergable, y como nación, debemos ser capaces de construirlo.

Mario Luis Fuentes

Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *