¿En qué nos ayuda la reforma laboral? El 76% de los contratos colectivos que existen registrados ante el gobierno no dan beneficios más allá de la ley

NADIA SANDERS17 DE JUNIO 2019

México cuenta con una nueva reforma laboral que promete condiciones más justas para los trabajadores ante las empresas durante los procesos de resolución de conflictos, en la elección de los liderazgos sindicales y al momento de votar los contratos colectivos del trabajo.

Es una reforma que beneficia principalmente a quienes trabajan en una empresa que cuenta con sindicato y contrato colectivo, las cuales representan menos de la mitad de las personas que cuentan con un empleo formal.

La investigadora del Departamento de Derecho del ITAMJoyce Sadka, comentó en entrevista que más del 50% de la población económicamente activa no cuenta con un sindicato, por lo que “el sector informal queda completamente pendiente”, así como aquellos empleados que no tienen oportunidad de sindicalizarse todavía.

Pero el problema, destaca es que “en México sí hay mucha gente que es trabajador formal que puede estar sindicalizada y esos sindicatos no sirven de nada, no nos representan no hacen una negociación colectiva real y no nos dan casi ninguna prestación o condición de trabajo que realmente mejore la situación respecto al mínimo que da la ley”, explica Sadka, quien también forma parte del Centro de Investigación Económica del Instituto.

El 76% de los entre 500 mil y 700 mil contratos colectivos que existen registrados ante el gobierno, no dan beneficios más allá de la ley, señala David Kaplan, especialista sénior en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Es muy común que un contrato colectivo prácticamente no dé ningún beneficio por encima de lo que la ley otorga”, dice.

Y eso es lo que tienen que corregir, entre otras cosas, por lo que la reforma busca garantizar que las votaciones de los contratos colectivos reflejen la voluntad de los trabajadores y no queden al margen de la negociación entre una cúpula sindical y la empresa.

Elecciones libres y secretas

Otra parte fundamental de la reforma es la que busca garantizar que las elecciones de los liderazgos sean libres y mediante el ejercicio del voto directo, esto con el fin de evitar caudillismos y liderazgos vitalicios que no contribuyen a una representación legítima y democrática de los trabajadores.

Estos procesos deben registrarse y aprobarse por el Centro Federal de Conciliación de Registro Federal, el cual llevará el control de los procesos en materia sindical y el registro de los contratos colectivos de trabajo, entre otras funciones. También se tendrá que garantizar el derecho de huelga y que éste no sirva como un instrumento de presión para las empresas.

Vicente Fernández Fernandez, profesor e investigador del Tec de Monterrey, se mantiene escéptico sobre si esos liderazgos van a respetar las nuevas disposiciones y si hallarán la posibilidad de crear nuevos mecanismos para preservarse en el poder.

“Representa mucho poder y recursos, de tal manera que es probable que no estén dispuestos a dejarlos (…) Parece ser que en el corto plazo quedará una reforma en imagen porque de fondo, no creo que implique un gran cambio”, djo Fernández Fernández.

Justicia Laboral

Aún para quienes permanezcan en el sector informal o no cuenten con un sindicato, podrán ver beneficios de la reforma laboral en un plazo no mayor de cuatro años, ya que la idea es reducir el tiempo que duran los juicios laborales. Estos ya no se van a llevar a cabo en la Juntas de Conciliación y Arbitraje, ahora serán un asunto que se discuta en la arena del Poder Judicial para tener una mayor autonomía de presiones por parte de las empresas, con tribunales especializados. Además, se busca lograr que la gran mayoría de los conflictos se solucionen de forma conciliatoria y sin necesidad de llegar a un juicio.

México inicia alrededor de 30,000 juicios en materia laboral por año a través de sus juntas de conciliación y arbitraje, los cuales debieran resolverse en un plazo no mayor a tres meses, llegan a tardar hasta cuatro años, como documenta el estudio “Información y negociación a través de agentes: evidencia experimental de los tribunales laborales de México”, publicado en el National Bureau of Economic Research, en octubre de 2018.

Uno de los retos en este aspecto será garantizar los recursos para crear esos tribunales, realizar la capacitación y crear los instrumentos necesarios para que funcionen de forma eficaz en un contexto en el que el gobierno federal ha hecho de la austeridad un sello de la actual administración y ha llegado a haber diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

“Cuando se habla de grandes reformas, lo que trae de fondo son recursos (…) Habrá que ver qué tanto el gobierno está dispuesto a aportar dinero para ello, sobre todo en estos tiempos de austeridad republicana”, dice Fernández Fernández.

La reforma en materia de justicia laboral y libertad sindical ya establece plazos que empezaron a correr con las manecillas del reloj en cuanto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo.

“Una cosa es poner plazos en la ley otra cosa es cumplir con esos plazos”, dice Kaplan. “Sí requiere de un compromiso de presupuesto y de planeación”.

Los tribunales deben estar funcionando en un plazo no mayor a cuatro años, en ese mismo lapso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá haber revisado los casi 700 mil contratos colectivos que existen, deberán vigilar que las elecciones se den conforme a la ley y crear protocolos para ello.

Antes de octubre de este año, el Congreso debe aprobar la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, órgano que será responsable de revisar alrededor los miles de contratos colectivos del trabajo en un plazo no mayor a cuatro años.

El T-MEC

La reforma se llevó a cabo un cumplimiento a los cambios en la Constitución aprobados en 2017 y como condición para avanzar en las negociaciones y firma de acuerdos con los dos principales socios comerciales de México: Estados Unidos y Canadá.

Los bajos salarios en México y las condiciones laborales que favorecen principalmente a las empresas han sido promovidas por los gobiernos como un aspecto competitivo, a costa de bajos sueldos para atraer la inversión de empresas de ensamblaje y de maquila.

“Esa es una queja de los países socios del T-MEC. Eso es como si deprimiera el valor de los salarios para ser más competitivo y atraer la inversión de empresas de maquila y manufactura”, explica Sadka. “Los trabajadores llevan poco dinero a casa comparado con lo que es su productividad”.

En principio, los socios comerciales no tendrían por qué poner más objeciones, aunque en el Congreso de Estados Unidos se ha manifestado que falta que se cumpla.

La investigadora Sadka señala que puede haber preocupación entre algunos empresarios, principalmente por el tema sindical. “Muchas empresas grandes, están sindicalizados en sindicatos que no son reales, de protección patronal, y sí tienen miedo de que sus ganancias” se vayan a ir.

mexico.com

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