Rechazan jueces y magistrados ganar más de 600 mil pesos al mes; denuncian “intromisión indebida” contra la Judicatura

“La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales”, señaló el magistrado Luis Vega Ramírez.

Jueces y magistrados rechazaron ganar más de 600 mil pesos al mes, como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desmintieron que sean “privilegiados” o que vivan “del abuso del erario público”. Por el contrario, se dijeron víctimas de una “intromisión indebida” que mina la división de Poderes, así como la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.

El director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., el magistrado Luis Vega, leyó un pronunciamiento en las escalinatas del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación de San Lázaro.

“Hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y hacer viva la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo de guardar y hacer guardar a nuestra Constitución.

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso“, destacó.

En el texto leído, Vega Ramírez destacó que son juzgadores de carrera que se han formado durante muchos años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, con el objetivo de “cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Añadió que en un auténtico régimen de división de Poderes, “no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”.

La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad. Así como la inamovilidad y la certeza en las adscripciones, son también requisitos reconocidos internacionalmente para hacer efectiva esa independencia.

La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”.

Luis Vega Ramírez denunció que “estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores’, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho.

“Quienes lo hacen, no solo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los de juzgadores federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa”.

Advirtió que hay un riesgo al “mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal” y consiste en “debilitar de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”.

El magistrado apuntó que el componente salarial es solo una de la variables que conforman la independencia judicial; sin embargo, destacó otra serie de medidas legislativas que se han emprendido y que incluyen la “rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes.

Lo que se requiere no es el enfrentamiento ni los señalamientosLo que proponemos, es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre Poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del Poder Público. El pueblo merece y exige actuar dentro del Estado de Derecho”.

Por último, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. dijo que estará atenta a las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este sentido.

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